Un reaseguro digno y apropiado

El choque entre la era agrícola y la era industrial provocó la emigración del campo a las ciudades con su inevitable secuela de marginalidad, enfrentamientos de todo tipo, violencia y destrucciones. De la misma manera, la transición de la era industrial a la era tecnológica actual plantea dilemas que surgen de la realidad de un mundo interconectado en el que la información, la producción de bienes, las comunicaciones, las finanzas, las decisiones se suceden en forma cada vez más vertiginosa. La expansión de la ideología del libre comercio se da como un medio apto para estimular la producción de riqueza. Sin embargo, esto trae aparejadas serias cuestiones en relación con la situación laboral.
Por ejemplo, muchas grandes corporaciones trasladan sus plantas de países desarrollados con buena protección social a otros cuyas normas laborales son escasas o prácticamente nulas, lo cual permite un costo de producción irrisorio a costa, en algunos casos, de jornadas agotadoras o salarios miserables.
La consecuencia es que muchos trabajadores de los países desarrollados pierdan sus puestos y que las cifras de desempleo aumenten. A esto hay que agregar el gran remanente que en el mercado de trabajo causan las nuevas tecnologías con su devastadora supresión de puestos de trabajo, que obligan a medidas de racionalización laboral que permitan a las empresas ser competitivas.
Aparece entonces la necesidad de la llamada flexibilización laboral para reducir los costos y, eventualmente, favorecer el empleo modificando normas y acuerdos laborales, lo que debía hacerse cuidadosamente y siguiendo prudencialmente todos los tiempos de cambios que fueran necesarios.
Ante el avance de estas tendencias, a veces exageradas, algunas voces se alzaron dando la alarma como una llamada de atención sobre una realidad social que no puede ocultarse. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio emitió una declaración en la que señala su apoyo al establecimiento de normas laborales básicas y, al mismo tiempo, reconoce que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) es el organismo adecuado para promover el cumplimiento de tales normas. Por su parte, la Conferencia Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, llama a sus 174 países miembros a garantizar los derechos básicos de todos los trabajadores, tales como la libertad de asociación y negociación colectiva, la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado, y el principio de la no discriminación en el trabajo. Estas garantías tendrían que ser respetadas por todos los estados miembros sin importar otras convenciones que han ratificado.
Así, si todo eso se concreta, volvería a tener vigencia el principio angular fijado en el Tratado de Versalles, que decía que "el trabajo del hombre no puede ser considerado como una mercancía." Desde Versalles y sus lejanos días hasta el Silicon Valley de California donde se perfila el futuro, deben cumplirse estos principios tan importantes en nombre de la justicia social, y la ideología del libre comercio habrá encontrado un reaseguro digno y apropiado.

El deterioro social

Los recientes incidentes protagonizados por el vicepresidente Amado Boudou y el viceministro de economía Axel Kicillof son una clara muestra del deterioro social que está sufriendo el país en todos sus órdenes. Es un deterioro que se retroalimenta  en virtud de los graves problemas e irregularidades que la sociedad sufre en su conjunto; a saber, robos violentos, cortes de luz por un sistema eléctrico colapsado, pasajeros de ferrocarril viajando en condiciones de hacinamiento y sin contar siquiera con elementales medidas de seguridad, una economía tambaleante y la galopante inflación, por nombrar algunos factores. Todo lo cual contribuye a exacerbar el clima de crispación que se vive en el difícil momento actual. Las agresiones verbales de que fueron objeto estos puntales del kirchnerismo no ayudan a mantener la calma. Sin embargo, en este clima tenso y de confrontación que vive la república en todos sus órdenes, son una señal de que el país se encuentra en en un punto álgido de crisis institucional que tiene resolver so pena de hundirse en el caos. La Argentina está al borde mismo del resquebrajamiento social. Nos estamos jugando nuestra continuidad como comunidad organizada.
En realidad, el gobierno es el primer ejecutor de ese resquebrajamiento. La baja calidad de la gestión pública produce una exasperación en la sociedad, más aún cuando el gobierno se niega sistemáticamente a reconocer las falencias y errores en los que incurre, y en cambio, se dedica a solventar, con el dinero de los contribuyentes, esa nube de obsecuencia mediática que constantemente oculta, miente y distorsiona los hechos y señales inequívocas de la decadencia que se vive. El gobierno no tomó nota de las protestas masivas que tuvieron lugar el 13 de setiembre y el 8 de noviembre del año pasado, sino que por el contrario, insiste en atribuir todos los males a las conspiraciones corporativas de "la cadena del desánimo" como forma de exculpar la mediocridad manifiesta con que está administrando el país. No solamente eso, sino que también, exasperando aún más el tenso clima social, se empecina en seguir promoviendo la reforma constitucional que permita la reelección de la presidente, en este caso en boca del mismo vicepresidente, el cual alardea que a ella "le sobra polenta para gobernar cuatro años más." Esto, en la sociedad, crea la misma inseguridad que un cheque sin fondos, ya que suena muy ambiguo y no es la definición que deberíamos escuchar de un funcionario público. Éstos tendrían que saber que fueron electos por tiempo limitado para cumplir mandatos que reflejen la voluntad del soberano pueblo, y que su conducta, lejos de ser ambigua e impredecible, debe ser transparente, sensata y responsable, y que sus declaraciones públicas deben tener un lenguaje claro y conciso y estar así a la altura de las circunstancias. La política debe seguir carriles serios y propios de la coherencia que las circunstancias exigen. Tiene que haber una diferencia con un simple fenómeno mediático que, en este caso, el vicepresidente Boudou no parece capaz de saber distinguir.
La confrontación y la agresión verbal que se vive a diario habla del retroceso del país en términos de calidad cívica. No es un fenómeno nuevo. De hecho, se trata de un retroceso que es patético al cual este gobierno viene a sumar su propia ineptitud a la de aquellos que lo precedieron. Para inculcar a buena parte de la sociedad el apego a la violencia que lo caracteriza, el gobierno amenaza a jueces de la Nación, se escuda en la impunidad para cometer felonías económicas, ampara la criminalidad con que se mueven sus funcionarios, monologa simulando que dialoga, impulsa su aparato de complacencia periodística, agrede a un "abuelito amarrete" que quiso comprar dólares y hostiga a un agente inmobiliario que tuvo la impertinencia de decir que las ventas habían caído. El caldo de cultivo de la confrontación está preparado, y tanto Boudou como Kicillof pudieron constatarlo en carne propia.
Y es ese caldo de cultivo de confrontación el que está preparado por el gobierno. Es ese caldo de cultivo en el que se encuentra la ineficiencia, la corrupción, el manipuleo de la Constitución como si se tratara de un fetiche, la inseguridad, la no independencia judicial. Es menester reconciliarse con el verdadero sentido  de las instituciones republicanas para recobrar el sentido superior de la política.

El bipartidismo

El bipartidismo no consiste en que uno de "ambos" partidos gobierne fatalmente sino que dos partidos tengan, por su equilibrio de fuerzas, la capacidad de reemplazarse en el poder según pasan los años. Apuntar hacia un régimen bipartidista en la Argentina sería una propuesta muy revitalizadora para la política en todos sus niveles. Sería la oportunidad de reconstruir un sistema político disgregado luego de tantas décadas de desencuentros y de gobiernos basados en agrupaciones efímeras sin objetivos claros y definidos, como la Alianza UCR-Frepaso y su paso por el poder, tan breve como patético.
Partidos fuertes y consolidados garantizan, o por lo menos ayudan a la supervivencia de la democracia. Laboristas y Conservadores en Inglaterra, Demócratas y Republicanos en Estados Unidos son los ejemplos. En la Argentina, peronistas y radicales sería una gran opción para que los ciudadanos se vayan agrupando según ideas afines y, así, desarrollar políticas. Ambos son movimientos de muchos años de existencia que han representado a mucha gente. Estos movimientos podrían erigirse como las dos grandes alternativas de la política nacional y lograr un sistema que le devuelva la confianza al ciudadano y lo motive para que quiera volver a actuar, a involucrarse, a superar la apatía cívica que ha sido la característica del país en los últimos años.
En las últimas elecciones presidenciales, la proliferación de agrupaciones que se disputaron los votos no oficialistas causó que ningún partido alcanzara la calidad de verdadero opositor. La distancia entre Cristina Kirchner y el candidato que quedó segundo, el socialista Hermes Binner, muestra un cuadro preocupante para el disperso arco opositor. Por su parte, el magro resultado obtenido por Ricardo Alfonsín indica que la UCR, el partido más antiguo del país, debe revitalizarse.
De esta manera, habría una verdadera opción, una auténtica oposición. La alternancia en el poder es una característica fundamental de las democracias maduras.