Hay que restaurar el contrato social

Los autoacuartelamientos de las policías en diciembre ocasionaron la peor ola de saqueos desde la crisis de 2001. Luego, el desastre energético afectó a 800.000 personas. Para darnos una idea de la magnitud de la tragedia, hay 13 provincias de la Argentina que no llegan a tener esa población. En ambos casos, la respuesta oficial fue la ausencia. Ni un funcionario kirchnerista presente para brindar contención y apoyo, ni un mensaje de la presidenta llamando a la calma. En una palabra, comparecer ante la realidad, pero eso no es lo de ellos. Lo de ellos es rodearse de aplaudidores. La actitud del gobierno fue análoga a la de las empresas eléctricas: nadie contestaba nada, nadie sabía nada.
¿Y por qué, en definitiva, los ciudadanos están desamparados, sin poder recurrir a nadie, sin información, con la máxima autoridad de la nación de vacaciones en el Calafate y con las empresas de electricidad escudadas  en sus contestadores y en sus sedes tapiadas como fortalezas? Porque está roto el contrato social. La Argentina está fracturada. Un país serio se basa en que existe toda una red social que, mal que bien, sirve de contención y apoyo a las necesidades que pueda sufrir la población a través del tiempo. Nunca la sociedad está libre de sufrir todo tipo de avatares, algunos incluso muy traumáticos. Pero en ese caso el ciudadano sabe que no estará desamparado, sino que puede confiar en instituciones y personal calificado que lo ayudará, y eso le proporcionará calma y contribuirá a la paz social. En el caso de la Argentina, en cambio, hay un increíble grado de desamparo, una sensación de  estar librado totalmente a los propios medios en virtud de un estado ausente que no brinda la contención necesaria ante la emergencia. Por el contrario, la falta de respuesta demostrada sistemáticamente ante cada urgencia es alarmante. No se coordinan medidas, no se organiza a los afectados, no se distribuyen los recursos existentes, no se pide ayuda, no se llama a la calma. Se lleva a la población al extremo de la desesperación, una desesperación que alcanza al paroxismo. Hubo cortes de calles sólo por nombrar un hecho de gravedad menor; pero hubo muertes al intentar manipular generadores, niños y ancianos quemados con velas, otros asesinados en verdaderas guerras civiles entre vecinos, electricistas y policías. Hechos que son impensables en una sociedad civilizada porque, en definitiva, nos rige la ley de la selva.
En 2002, Duhalde intervino los contratos de las empresas privatizadas durante el gobierno menemista, y prohibió cobrar más a las empresas de energía privadas del país. Estas empresas dependen de subsidios del gobierno, que se estiman en once mil millones de pesos en 2013. ¿Deben las empresas aumentar las tarifas? ¿Debe el gobierno suspender los subsidios? Son temas de debate que deben resolverse. Pero lo que importa destacar es que un país como la Argentina, en el que cada 10 ó 15 años se rompen las reglas de juego y se formulan nuevas, difícilmente saldrá airoso. Cada gobierno que asume borra lo hecho por el anterior y diseña su propio y caprichoso esquema: se intervienen empresas, se devalúa la moneda, se cambian las alianzas estratégicas internacionales, se rediseñan los programas educativos.
La clave para la supervivencia de un país serio y moderno es capitalizar los aciertos de cada gobierno y llevarlos adelante en el siguiente; no rechazarlos porque no respondan a los intereses políticos del momento. Esa es la fórmula exitosa que han puesto en práctica las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo, aquellas que brindan a sus ciudadanos esa sensación de paz social, seguridad y bienestar general  que les da proyección y continuidad y un lugar respetable entre las demás naciones. Por el contrario, la falta de continuidad, la ruptura de esquemas y de reglas de juego enervan la paz y fomentan un clima de tensión y crispación social en el que todo se hace más problemático, más febril. Se vive al día. Argentina está a años luz de ser un país predecible y, por ende, confiable. Es en ese lamentable estado de cosas, que además es propio de un país bananero, en que todo se vuelve más difícil.
Tener agua y luz no son lujos, son derechos del siglo XXI. Importa quién generó el colapso energético. O quiénes. Lo engloba otro factor mucho más importante. Si la Argentina no vuelve a tener contrato social, si no se restaura la cosa pública, si no se supera el estado de anodinia en el que la sociedad está inmersa, el resultado será una fragmentación aún mayor y una sensación aún más grande de vivir en un estado sin ley donde el ciudadano se encuentra totalmente desamparado. Sin mencionar, obviamente, el funcionamiento cada vez peor de todos los servicios. Ese es el factor más grande que engloba al primero, no por eso menos trágico. El hecho de que la sociedad argentina esté hastiada y dividida no es ninguna novedad. Pero eso se profundizó horriblemente durante los interminables días de cortes con el inenarrable precio de penuria, de sufrimiento y de indignidad.