Otro día, otro recital

El licenciado-guitarrista Amado Boudou cuenta con un raro privilegio respecto a otros casos de corrupción que salpicaron al gobierno: la presidenta lo respalda. A diferencia, por ejemplo, del resonado caso Skanska o las increíbles peripecias de Felisa Miceli y Antonini Wilson, en que el poder no dudó en empujar fuera de sus cargos a los funcionarios sospechados. Boudou, en cambio, no renuncia; ni siquiera pide licencia. En realidad, la primera mandataria no podía abandonar a su suerte al vicepresidente porque detrás del negocio con la ex -Ciccone habría toda una red de complicidades, y porque habría sido Néstor Kirchner quien le encargó a Boudou que desarticulara la posibilidad de que el grupo Boldt, al que se asocia con Eduardo Duhalde, pudiera quedarse con la imprenta que fabricaba billetes para la Casa de Moneda. Por lo tanto, soltarle el brazo a Boudou expondría al gobierno a que el vicepresidente confiese muchas cosas.
Una hipotética caída del vice se interpretaría como un signo de falta de cohesión de cara al fin de ciclo gubernamental, ocasionando que el poder oficialista se termine diluyendo más rápidamente todavía. El hecho de que Boudou esté vinculado a una empresa rodeada de una nube de sospechas de corrupción ha sido un factor constante de erosión al poder real de Cristina y si, además, sus problemas con la justicia se agravan, quedará demostrada la disminución de ese poder cuando el gobierno está atravesando, justamente, su peor momento. Estos avatares que viene sufriendo, su falta de credibilidad en todas las áreas y la difícil situación económica en que se encuentra el país lo ponen en un delicado terreno en el que cualquier movimiento en falso puede resultar fatal.
Frente a este escenario, entonces, la presidenta decidió renovar su defensa del vicepresidente. Lo hizo en forma indirecta el pasado miércoles, durante un acto en la Casa Rosada en el que anunció una nueva moratoria para incorporar a 473.000 nuevos jubilados. Fue cuando reivindicó la decisión de estatizar los fondos previsionales que administraban las AFJP, entre cuyos autores intelectuales se encuentra Boudou.
Al mismo tiempo, la Casa Rosada ayudó a diseñar la estrategia judicial de Boudou, tendiente a entorpecer el accionar de la justicia para postergar una definición de la misma. De acuerdo con ese plan, se pidió la nulidad del llamado a indagatoria y el vicepresidente renovó sus provocaciones al juez Ariel Lijo, tal vez con la esperanza de encontrar un camino que conduzca a la recusación del magistrado, al tiempo que, como le gusta a Cristina, recurrió a los fantasmas de Clarín y La Nación, los culpables de todas sus angustias y todos sus quebrantos como dice el bolero, para explicar su triste situación.
Además, el hecho de que Cristina lo abandone sería admitir lo que debe ser evidente hasta para ella: elegirlo como compañero de fórmula fue un error garrafal.
Lo concreto es que Boudou debe presentarse a declarar ante el juez Lijo, quien cuenta con diez días para decidir su situación procesal. Si las respuestas del vicepresidente convencen al magistrado, lo absolverá y podrá dar por finalizado el caso y seguramente otro día dará otro recital como ya nos tiene acostumbrados. Si no lo convencen, quedará procesado y tendrá problemas más graves que tocar las aburridas canciones de la Mancha de Rolando, una banda mediocre.