El largo viaje de Cristina hacia la noche

El riesgo país superó por primera vez en mucho tiempo los 1.100 puntos básicos, colocando al país en una situación mucho más delicada aún de la que viene enfrentando en los últimos tiempos. Los números no mienten y la soberbia del gobierno no los cambian. La Argentina se encuentra al borde mismo del resquebrajamiento social, impulsado por un gobierno mesiánico y autoritario que niega sistemáticamente la realidad, desoye voces que no sean de adulación y obsecuencia, avasalla sin reparos las instituciones democráticas, y mantiene a un séquito de seguidores que se alinean en la larga fila de dádivas otorgadas por la presidente.
Los problemas estructurales que aquejan al país son bien conocidos por todos y sería redundante enumerarlos aquí. La actual coyuntura debería ser suficiente para que el gobierno revea sus políticas y el rumbo en el que está llevando el país, pero en el país del relato, el país en virtud del cual la Argentina se aísla del mundo, la prioridad sigue siendo salvar al pueblo de las conspiraciones corporativas.
Y las dimensiones que tiene esa epopeya alcanza ribetes inusitados. Las senadoras oficialistas Nanci Parrilli y Liliana Fellner presentaron en el Congreso un proyecto para incorporar en el Estatuto del Periodista Profesional una "cláusula de conciencia." (?)
¿Y en qué consiste la tal cláusula de conciencia, o como se llame? Según la propuesta, la cláusula de marras sería invocada por los periodistas para negarse a difundir informaciones "contrarias a los principios éticos de la comunicación." Bajo esta norma, los profesionales podrían invocar la cláusula de objeción de conciencia "cuando se produzca un cambio de orientación informativa o línea ideológica que suponga un riesgo para su independencia física o ideológica en el desempeño de su actividad."

Además, también podría hacer uso de dicho planteo "cuando sin su consentimiento se inserte o retire su firma o autoría, o atribuyere la autoría de un trabajo propio a otro," entre otras situaciones.

Las senadoras justificaron su proyecto al destacar que "el periodista es el responsable de producir la información" y que por eso "requiere una protección básica para asegurar su confianza y credibilidad ante la sociedad.” Una previsión similar a la dictada por el régimen comunista de Checoslovaquia luego de la invasión soviética de 1968, según la cual en los medios de comunicación sólo podían expresarse “personas de plena confianza política.”
Es decir que si un periodista critica al gobierno, no es porque esté reflejando la realidad insostenible de inflación, corrupción e inseguridad por la que atraviesa el país, sino simplemente porque se encuentra bajo presión corporativa para hacerlo y, por lo tanto, merece la "protección" que proponen las senadoras. Aquellos periodistas sustraídos a la nefasta influencia de las fuerzas opositoras son los únicos dignos de credibilidad.

Pero estas senadoras tan concienzudas no son las únicas que intentan salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Para el juez Eugenio Zaffaroni, los medios “constituyen miedo y terror.”

Llegado a este punto, procede una definición. El gobierno debería saber que, en cualquier democracia, la misión del periodismo no es complacer al poder político. Debería entender también que no es razonable atribuir a inicuas conspiraciones la difusión de informaciones o versiones que no complacen al gobernante de turno. El periodismo es una actividad no exenta de cometer equivocaciones y que, como en cualquier ámbito laboral, puede haber profesionales pasibles de ser corrompidos o medios dispuestos a ocultar alguna porción de la realidad; o bien, intentarán inclinar la información según el peso de la ideología con que comulguen. Pero eso en sí mismo tiene un límite: la pérdida de credibilidad por parte de la población que ejerce su derecho a estar informada y que no dudará en castigarlos si advierte que tal medio o periodista ha dejado de merecerle confianza: dejarán de ver ese programa de televisión, dejarán de comprar ese diario. Por eso, subestimar la capacidad del público para detectar una eventual manipulación de la información es un insulto a la inteligencia de las personas.

Los graves problemas que aquejan al país no se solucionarán porque el gobierno consiga rodearse de una nube de complacencia periodística. Es redundante afirmarlo, como es redundante afirmar que la economía no se reconstruirá mediante la emisión de papel moneda para pagar los gastos del estado. En ambas actitudes, el gobierno kirchnerista acredita la incompetencia que este importante indicador internacional le acusa. Desconectado de las corrientes internacionales de inversión, falto de previsibilidad, el país navega a la deriva mientras que los actuales punteros políticos, responsables de la crisis, caen en un descrédito cada vez mayor que nos lleva a pensar en el mismo fin de ciclo. Como en la problemática familia de O’Neill, se les viene la noche a los protagonistas.