En ese sentido, el mensaje fue tajante: Barroso aseguró que el bloque regional que representa "estará al lado de España" ante una eventual nacionalización de YPF-Repsol. Además, el embajador de la UE en Buenos Aires, Alfonso Díaz Torres, advirtió que si el gobierno argentino llegara a incumplir el contrato con la empresa petrolera de capital español "sería la peor señal que puede dar la Argentina a los inversionistas europeos." Por su parte, diversos diarios españoles hablan de un posible boicot a la soja y carne argentinas como represalia por una estatización. Hasta el canciller español, Juan Antonio García Margallo llevó a su punto máximo la tensión generada por el conflicto de YPF, con una amenaza sin precedentes en la España post-franquista: "La ruptura de las relaciones (entre España y Argentina) sería el peor de los escenarios que podríamos imaginar. No sólo sería una ruptura económica sino también fraternal," declaró. Todo lo cual se da en un contexto en que la Argentina enfrenta cuestionamientos internacionales por su política de restricción de importaciones.
Y como si todo esto fuera poco, Cristina Kirchner se fue de la Cumbre de Cartagena como si tal cosa, y lo que nadie va a saber nunca es por qué lo hizo.
La impresión es que la característica central del ejercicio del poder político por parte del kirchnerismo ha sido siempre la arrogancia. En el caso de YPF, hay dos opciones: una negociación entre todas las partes en conflicto o redoblar la apuesta y avanzar hacia la estatización, pese a las advertencias de España y la Unión Europea. La prudencia aconseja la primera opción, pero la personalidad política de este gobierno lo inclinaría a la segunda. Es que la negociación puede ser interpretada como un signo de debilidad y eso es algo que la presidenta siempre evita. El gobierno se mueve con las pautas de quien dispone de un poder político discrecional, especialmente desde que ganaron las elecciones con el 54% de los votos. Pero esa actitud le genera un desgaste, y también conflictos que son tan evitables como riesgosos. La jefa de estado no mide las fuerzas que debe enfrentar, algo que en el caso de España y sus socios europeos resulta por lo menos inexplicable.
En otro orden de cosas, la promoción de Daniel Reposo como procurador general de la nación representa el último de una serie de pasos desafortunados que comenzaron con una conferencia del vicepresidente Amado Boudou para responder a las acusaciones de corrupción en su contra por el caso de la ex-Ciccone Calcográfica.
En su aburrido monólogo ante la prensa, monotemático y con voz monocorde (nada más alejado de los instructivos y amenos monólogos del inolvidable Tato Bores) Boudou lanzó acusaciones a granel, una de las cuales impactó como un misil en el procurador Esteban Righi forzándolo a renunciar. Otras lo autoincriminaban y lo mostraban enzarzado en una lucha de poder por negocios que no le hizo ningún bien a la imagen del gobierno, ni a la de la presidenta.
Todo lo cual no ayuda a superar el ambiente crispado que es necesario evitar a toda costa para solucionar los problemas de fondo que aquejan al país. La paz social es menester para dar respuesta al clima de incertidumbre y fuerte desgaste que afecta a la sociedad argentina en todos sus niveles. En ese trance, el problema energético y cambiario que hoy desvela al gobierno proviene de la baja producción, lo que no se resuelve aplicando las viejas políticas de intervencionismo estatal, sino con inversiones que el gobierno no está ni remotamente en condiciones de garantizar porque el clima de incertidumbre que reina en el país ya parece fantasmal. En el caso de YPF, lo único que lograría una estatización sería darle más poder político a la Cámpora, convirtiendo a la empresa de hidrocarburos en una nueva Aerolíneas Argentinas, y con un déficit todavía mayor.
Flota en el aire, además, la sensación de que la presidenta no sabe muy bien cómo resolver el problema. Las demoras y la incertidumbre parecen la norma. También se ignora cuánto costaría la expropiación de la empresa, cuáles serían las consecuencias y qué haría con ella el gobierno. Sólo queda una certeza: la prepotencia, la arrogancia, la amenaza y el amague que caracterizan a este gobierno no se pueden prolongar indefinidamente.
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