La libertad de prensa

Durante su discurso de inauguración de la ampliación y modernización de la refinería de Ensenada de YPF el jueves 9, la presidenta Cristina Kirchner volvió a hacer gala de la visión histérica y paranoica que la caracteriza: atribuir todos los males que aquejan al país al periodismo.
Según el relato kirchnerista entronizado en el poder, la realidad de la fuga de capitales, la inseguridad, la inflación y las sospechas de la corrupción de los funcionarios se construye a través de “una mala praxis profesional y un mal manejo de la información o de la comunicación en una cosa tan importante como la información pública.”  Además, pidió la aprobación de una ley de ética pública para los periodistas. En su alocución, se mostró incisiva y vehemente.
Su actitud no debiera sorprendernos. En realidad, Cristina Kirchner quiere proyectar a todo el país el esquema que rige en su gobierno. Ella piensa que la administración funciona mejor sin comunicación. Por eso no se ofrecen conferencias de prensa, se penaliza a los funcionarios que hablan con periodistas sin autorización superior, y se prohíben las entrevistas, salvo que se publiquen en órganos de propaganda.
Por el contrario, los medios acólitos al régimen que cantan loas y aplauden cada movimiento de su jefa como claque llevan las de ganar y se aseguran un lugar de privilegio en una sociedad argentina cada vez más verticalista, cada vez más alejada de cualquier cosa que se parezca a un sistema de república con independencia de poderes y garantías de derechos ciudadanos; entre ellos, la libertad de prensa. Es cierto que cada medio de comunicación sostiene su propia ideología y en la práctica del periodismo, quienes lo ejercen tenderán a responder a la ideología con que comulguen, pero eso en sí mismo lleva su límite: la pérdida de credibilidad. Por eso, si el gobierno piensa que tal o cual diario tergiversa o distorsiona información en línea de seguir un perverso complot en su contra, la “solución” para terminar con tan maquiavélico plan no se dará por decreto.
La realidad es una figura de varios lados, pero la vocación por el control de los mensajes expresa un proyecto político autoritario. Su premisa es que existe una verdad sustantiva, susceptible de ser manejada. Es una visión dolorosamente unilateral cuya arma de elección es la culpa: quien no piensa como nosotros es un traidor, un deleznable vendepatria  que responde a intereses foráneos. Toda crítica, toda visión en contra es destituyente.  Esa verdad, esa única faceta, es la visión oficial de los hechos. El poder se asienta sobre ella.
La actitud el gobierno de ejercer la inquisición periodística como un medio para resolver los males no dará resultado; por el contrario, los agravará. Creo que cada vez más argentinos se están dando cuenta de que en esa actitud se esconde la intención de un gobierno kirchnerista  de exculpar la mediocridad y la incapacidad con que están administrando el país, un país que sufre avatares de inflación, de inseguridad, de una economía que ya muestra inequívocos signos de recesión, de un deterioro manifiesto de la educación, de violencia social y callejera y ahora también, de un  paro salvaje de subtes en la ciudad de Buenos Aires que afecta a un millón de usuarios y que ya lleva nada menos que ocho días sin rastros siquiera de una solución.
Los males profundos que afectan a una sociedad se solucionan con diálogo, con participación, con pluralidad, elementos que el kirchnerismo se empeña sistemáticamente en bloquear. Thomas Jefferson decía que la libertad de prensa es el principio de toda libertad. En ese concepto se basa la construcción de la república y la democracia.