Liberalismo, socialismo y la inflación

La inflación no es un designio de los astros ni una falla del horóscopo. Así como un termómetro indica la temperatura ambiente (de la que no es responsable), la inflación resume la acción económica del gobierno.
Cuando el gobierno gasta o invierte más de lo que recauda, debe emitir moneda o recurrir al endeudamiento para cubrir la diferencia. Este aumento de los medios de pago produce la mayor demanda y el aumento generalizado de los precios conocido como inflación. Es un fenómeno monetario que no se soluciona con precios máximos sino modificando los esquemas y estructuras que determinan que el estado gaste más de lo que recauda.
Esta es la forma clásica de como se genera la inflación. El descontrol total de ella, conocido como hiperinflación, causa que la moneda pierda totalmente su valor.
El estado debe limitarse a sus funciones escenciales: justicia, seguridad, salud, educación y relaciones exteriores. Este concepto de estado liberal se basa en el respeto a la propiedad privada, la responsabilidad individual, la libertad personal y el modelo capitalista de mercado libre. Así, la intervención estatal puede ser mínima y la creatividad, máxima. Todo es permisible mientras no se lastimen intereses ajenos.
La acumulación de capitales es continua y los mismos fluyen hacia quienes mejor sirven a los consumidores. El mercado se abastece con los mejores bienes a los mejores precios. Sin intervención estatal, es imposible monopolizar mercados ni vender por encima de los precios que establece la competencia. El mercado cambiario busca su punto de equilibrio y tiende constantemente al punto de máximo intercambio. Las actividades que gozan de demanda crecen y las otras desaparecen. Los salarios crecen constantemente. Aumenta la riqueza y disminuye la pobreza. Los capitales del mundo afluyen al país en busca de seguridad y rentabilidad. La libertad y la riqueza individual permiten que se organicen instituciones académicas, culturales y caritativas. La inflación no sólo no se produce sino que los precios en su costo real tienden a bajar como resultado de la mayor producción: aumenta la productividad sin aumentar los precios. No hay decretos, ya que es el ciudadano, no el funcionario, el que determina sus propios límites para evolucionar y crecer en libertad.
La antítesis de todo lo anterior es la solución socialista: funcionarios estatales que intentan planificar una vasta economía que involucra a millones de personas, cada una de las cuales toma sus propias decisiones en base a un mercado cuyas condiciones cambian constantemente.
Como medios de control e intervención estatal, se establecen precios máximos, se expropian campos y empresas, se aplican ideas de participación en las ganacias, se impulsa la propiedad colectiva de granjas, se subvencionan empresas que quiebran y se formulan "canastas familiares" cuya "validez" se aplica a todas las familias menos a la de los funcionarios: ellos tienen sus propias "canastas."
Poco a poco, toda la economía pasa a ser regimentada y se cumple el ideal socialista de "que los medios de producción pertenezcan al estado." Como la distribución de bienes no depende del mercado sino de políticos y funcionarios, esto creará una clase dirigente omnipotente, poderosa e implacable que deberá actuar con el máximo rigor para controlar el mercado negro, que surge como respuesta a la ineficacia de este tipo de políticas.
La producción se ve limitada si los capitales no invierten porque temen ser expropiados o sus utilidades fuertemente gravadas o se invierten en monopolios estatales o el estado patrocina la formación de grupos económicos concentrados. La protección aduanera o cambiaria es asimismo un factor que empobrece a largo plazo a la sociedad, ya que obliga a producir lo que cuesta más que importar.
Estados Unidos ha podido tener déficits fiscales muy importantes y expandir su moneda sin que ello quede íntegramente reflejado por los índices de precios, principalmente por no abandonar nunca los principios de mercado y por ser más eficiente su sistema productivo. En la Argentina, el intervencionismo económico comenzó a aplicarse en la década del '30 con la abolición del patrón oro y la implantación del impuesto a los réditos. Desde entonces, creció casi sin interrupción. Este intervencionismo responde, sin embargo, a una creencia más o menos aceptada por la sociedad: gran parte de ella sigue pensando que el estado debe ser la gran fuerza igualadora de las diferenciaciones sociales; consecuentemente, las diversas fuerzas políticas pugnan por liderar la carrera de los beneficios legales y la gran masa ciudadana se deja convencer de que las medidas intervencionistas no tienen costo. Pero no es así, ya que el mercado reasigna costos a través de los precios.
El intervencionismo sin rigor está condenado a fracasar y la consiguiente inflación resulta inevitable. El caso más paradigmático, sin duda, fue la hiperinflación alemana de 1923, en la que el marco perdió enteramente su valor.
De la misma manera, todo país que insista en continuar con una política estatista e intervencionista corre el riesgo de que su moneda pase a no valer nada.
La desocupación y la tremenda crisis que eso causaría coloca al pueblo en la disyuntiva de elegir entre un sistema capitalista de mercado libre , basado en la libertad de mercados y en una moneda estable y fuerte, o volcarse a un estatismo socialista.
El problema de la inflación puede solucionarse, pero es más importante que el pueblo decida previamente en qué tipo de sociedad desea vivir.