jueves, 3 de febrero de 2011

El estímulo a la inversión privada es la clave del crecimiento económico

El presidente Obama ha solicitado al Congreso una suma adicional de 50 mil millones de dólares en concepto de “estímulo” para financiar proyectos de infraestructura. Según esa teoría, el gasto adicional hará que las empresas incrementen la producción a fin de satisfacer la nueva demanda. Así, los productores demandarán más trabajadores, generando incrementos en el gasto de los consumidores que se propagarán por toda la economía y forjarán una recuperación más fuerte a nivel general.
Me parece que no.
En primer lugar, el motor de una economía no es el consumo. De hecho, el gasto de los consumidores representa en la actualidad el 70 por ciento del PBI en los Estados Unidos. Además, ese gasto aumentó durante la recesión. Si fuera por eso, todo lo que habría que hacer sería gastar el oro que hay almacenado en Fort Knox hasta la última onza y el país quedará como nuevo. La idea de que una caída del consumo produjo la recesión es una visión totalmente superficial que no reconoce que la verdadera causa es una fuerte disminución de la inversión privada. Los altibajos del ciclo económico están basados en la inversión, no en el consumo. Las medidas de “estímulo” propuestas hasta ahora, como las largas extensiones del seguro de desempleo, la asistencia a gobiernos estatales y municipales para ayudarles a evitar despido de personal y el aumento de sueldos a empleados federales, responden a ideologías de intervención estatal en la empresa privada y en la economía de mercado que sólo van a la consecuencia del problema, no a la causa. El crecimiento económico a largo plazo –que no es otra cosa que lo que todo país serio debe lograr- se basa en acciones que contribuyan a una reactivación de la inversión privada, no en aumentar el consumo. En el último trimestre de 2010, por ejemplo, la inversión privada bruta fue un 20 por ciento inferior al mismo período del año anterior. Y la inversión privada neta se registró a dos tercios por debajo del nivel anterior.
Para llevar a cabo esta revitalización esencial de la inversión, el gobierno debe garantizar todo un clima de estabilidad jurídica que ponga fin a las acciones que amenazan la rentabilidad de los inversores o generan la incertidumbre que paraliza la realización de nuevos proyectos a largo plazo. Es lo que han hecho, sin excepción, todas las naciones que han progresado en la historia. Ninguna nación ha triunfado porque el gobierno busque frenéticamente la manera en que sus ciudadanos salgan a gastar y a consumir. Irónicamente, la frase de Franklin, “un dólar ganado es un dólar ahorrado” debería ser cambiada a “un dólar ganado es un dólar gastado” en una economía cuyas principal premisa sería el “efecto multiplicador” de estos gastos. Y consecuentemente, la imagen en los billetes de cien dólares debería ser reemplazada por la de Obama.
Las gigantescas medidas gubernamentales como la legislación recientemente promulgada sobre la atención de la salud y la ley de reforma financiera, que suponen cientos de nuevas reglamentaciones cuyo contenido específico, aplicación y costos son imposibles de predecir con exactitud, contribuyen a la inseguridad y alientan a los inversores a quedar al margen con grandes saldos en efectivo, o a colocar sus fondos en títulos de valores seguros, de corto plazo y bajo rendimiento. Estas “inversiones” no pueden, en realidad, calificarse de tales. Son apenas soluciones ocasionales e ingeniosas para salir del atolladero causado por los burócratas, y no pueden apoyar una genuina recuperación y un crecimiento sostenido a largo plazo.
Lo que los empresarios, inversores y ejecutivos necesitan es estabilidad política y previsibilidad; no más gasto, endeudamiento, nuevas regulaciones arrolladoras y una incertidumbre intensificada por parte del gobierno.
La necesidad acuciante en la actualidad es una sólida reactivación de la inversión privada a largo plazo. Los programas gubernamentales de “estímulo” orientados al consumo, las amenazas de aumento de impuestos para los empresarios y dueños de negocios, y las costosas acometidas reguladoras aumentan el temor y la incertidumbre y garantizan de ese modo un prolongado período de estancamiento económico.

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